Acusan al Estado uruguayo de no investigar en causas de DDHH

Ya declararon otros familiares como Valentín Enseñat (hijo del detenido desaparecido en BsAs Miguel Ángel Río Casas), Sara Méndez (expresa política en la dictadura y madre de Simón Riquelo que le había sido robado en la dictadura por los militares y que recuperó su identidad en los últimos años), Dardo Artigas (hermano de María Asunción Artigas y tío de Victoria Moyano Artigas), y testigos como el periodista Roger Rodríguez, la ex fiscal uruguaya Mirtha Guianze. Esta causa incluye al militar de la Armada Uruguaya Jorge Troccoli que reside en Italia y es uno de los imputados.

Los testimonios sobre la participación de las Fuerza Armadas uruguaya y argentinas en la represión de los 70, en ambas orillas del Plata, tomó especial relevancia en esta causa, por la detención y el procesamiento del militar retirado de la Marina uruguaya Jorge Troccoli en el país europeo.

En particular por el operativo represivo de los años 1977 y 1978, llevados a cabo por el Fusna (de la marina uruguaya) y la Esma (de la marina argentina), que tuvo como objetivo atacar y eliminar a militantes de los GAU (Grupos de Acción Unificadora) y otras organizaciones de izquierda uruguaya, que estaban exiliados en Argentina. Operativo que finaliza con la desaparición de la mayoría de los militantes, luego de su traslado clandestino hacia Uruguay.

Los padres de Victoria Moyano, María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, que eran militantes relacionados con los GAU y refugiados políticos, fueron secuestrados y desaparecidos justamente en ese período.

Victoria Moyano Artigas se presentó como querellante y testificó en la causa, para presentar su conocimiento sobre los hechos. Nacida durante el período de cautiverio de su madre en el Pozo de Banfield en el año 1978, contó en esta causa el plan de robo de bebes nacidos en la clandestinidad como hijos de los militantes desaparecidos. También mencionó como las fuerzas uruguayas en coordinación con las argentinas, visitaban los centros clandestinos donde había detenidos uruguayos, habiendo testigos que pueden ratificar estos hechos.

En la misma respondió a las preguntas que se le hicieron sobre sus orígenes y la posterior recuperación de su identidad, el destino de sus padres que fueron secuestrados en 1977 y desaparecidos en 1978 siendo militantes políticos y refugiados.

Sostuvo que “lamentablemente en Uruguay no se puede avanzar en las investigaciones, porque el estado uruguayo no investiga nada sobre estos temas.”

En declaraciones a los medios, respondió ante la pregunta de qué opinaba de que por primera vez el Estado uruguayo no acompaña a un testigo de la causa a la audiencia, repondiendo ella: “no me sorprende que no se hagan presentes cuando la que declaro soy yo".

Además se expidió sobre la polémica editorial del diario argentino La Nación sobre la última dictadura argentina, en la cual se reivindica a los genocidas, se revive la teoría de que hubo una guerra y le llama a los juicios venganza, repudiando Victoria todo lo manifestado en la misma y reivindicando la postura de los trabajadores de dicho diario que repudiaron también el mencionado editorial y que afortunadamente “los trabajadores mostraron su solidaridad de clase”. También se refirió a la participación de las empresas multinacionales en la dictadura “ por el rol que cumplieron estas empresas en el genocidio; el accionar de la Ford y la Mercedes Benz por ser responsables de la desaparición de sus trabajadores".

También reforzó su denuncia al estado y el régimen político uruguayo, que desde el Pacto del Club Naval se han encargado de proteger a los represores y sobre todo las instituciones (que forman parte del mismo estado como las FF.AA.) responsables de los crímenes cometidos. Manteniendo la impunidad desde esa época hasta ahora, e incumplimiento también la normativa internacional a partir de las resoluciones surgidas del caso Gelman. Con instrumentos como la ley de impunidad, usada para garantizar este estado de cosas y que más allá del juzgamiento simbólico de algunos militares en los últimos años, siguen vigentes las trabas legales y políticas para avanzar en los juicios y conocer el destino final de los detenidos desaparecidos.

Foto: Archivo

MP