Deporte

Gobierno intervendrá en las transferencias de deportistas profesionales

El gobierno dispuso "transparentar las transferencias de deportistas profesionales" con prohibición para que los contratistas sean dueños de pases de jugadores

21/Sep
2017
Por:    @luisarmando930

Mediante decreto se dispuso un conjunto de medidas para comenzar un proceso de ordenamiento y transparencia en las operaciones de transferencia de deportistas profesionales, para cumplir con las normas nacionales e internacionales vigentes.

Como paso previo a cada transferencia, los clubes deberán presentar una declaración jurada en la Secretaría Nacional del Deporte.

Esta documentación posibilitará identificar con claridad cada una de las partes intervinientes en la transacción, los montos de dinero, su origen, destino y distribución entre las partes, así como, las cuentas desde las cuales se opera.

Los clubes deberán presentar sus balances a la Secretaría Nacional del Deporte durante los 90 días posteriores a su aprobación en asamblea.

El hecho de disponer de los balances de cada institución permitirá acceder a la información necesaria para verificar las entradas y salidas de los fondos procedentes de cada transferencia y confirmar que la información se corresponde con el contenido de las declaraciones juradas presentadas oportunamente.

El decreto reconoce esa realidad, pero apunta a establecer las condiciones necesarias para que las transferencias se ajusten a derecho y que la circulación del dinero de cada operación pueda ser sometido a los controles correspondientes en cumplimiento de las normas nacionales y los compromisos asumidos por el país ante organismos internacionales.

Entre las disposiciones, el decreto prohíbe a todas las instituciones afiliadas a las asociaciones o federaciones deportivas reconocidas oficialmente o a cualquier otra institución con personería jurídica a realizar cualquier tipo de derechos sobre la prestación de la actividad laboral de un deportista a favor de personas físicas o de instituciones sin personería jurídica reconocida por el Estado.

Las multas serán de hasta 4000 UR, unos $ 4 millones.

Foto: Archivo

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