El proyecto expresa que “el que, en ocasión de la investigación preliminar o proceso penal, use la violencia o amenace, por la actividad o función en el mismo, a algún integrante del Poder Judicial, del Ministerio Público, auxiliar del tribunal, abogados, partes o a cualquiera que por imperio de la ley o de un interés participe en el proceso, será castigado con dieciocho meses de prisión a cinco años de penitenciaría”.
En la exposición de motivos del mismo, Larrañaga sostiene que el nuevo Código de Proceso Penal al introducir audiencias orales y públicas, aumenta el riesgo al existir un contacto directo entre indagados y acusados.
El legislador subrayó que tiempo atrás al respecto se expresó el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, advirtiendo que los cambios por el CPP ¨obligarán a aumentar las medidas de seguridad para los operadores judiciales, testigos y víctimas¨ porque "la mayor exposición puede conllevar riesgos de amenaza o efectivización de ataques contra los operadores judiciales".
Foto: Dpto. Fotografía Parlamento
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