Desde la Institución cuestionan que se volvió a divulgar información sobre personas que tienen enfrentamientos con el gobierno.
Tras la nota del Ministerio del Interior, donde se hacen público los antecedentes penales de uno de los manifestantes tabacaleros que tuvieron un incidente con el ministro Eduardo Bonomi, la institución cuestiona "la reiteración de prácticas comunicacionales por partedel Poder Ejecutivo que, en su momento, ya fueron objeto de recomendaciones específicas", en alusión al caso del colono Gabriel Arrieta, que se enfrentó al presidente Vázquez.
El organismo señala que la difusión de información “relativa a personas involucradas en los hechos (nombres; antecedentes; etc.), desde ningún punto de vista aporta sobre la cuestión a la que se refiere al fondo del asunto”.
Agrega que esta cuestión no es otra que atender, rigurosamente, a la aplicación de los límites legítimos que, en un Estado Democrático de Derecho, pueden establecerse respecto a el derecho a la libertad de expresión y reunión pacíficas, sin generar “efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los mismos”.
En ese sentido, la Institución entiende que en este caso, como en el analizado en la resolución antes citada (el del colono Arrieta), el contenido del comunicado ministerial no “cumple con el principio de necesidad, pues no contribuye al debate amplio de ideas y opiniones, y no resulta el medio ajustado para resolver las controversias planteadas (….)”.
Foto: Presidencia / Archivo
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