Corte Interamericana absuelve a Paraguay en caso de supuestas torturas

En la sentencia del caso, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, advierte que "los indicios presentados son insuficientes para inferir la conclusión de que los señores Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez fueron privados de libertad por parte de agentes estatales o con la aquiescencia de éstos".

El fallo, notificado este martes a las partes y publicado en la página de la Corte, indica que "la gran mayoría de las pruebas presentadas para demostrar la participación estatal se refieren a declaraciones de las presuntas víctimas y testimonios de oídas".

Estos testimonios, agrega la sentencia, "para ser concluyentes en relación a la responsabilidad internacional del Estado deberían coincidir con otros elementos de prueba".

Los jueces determinaron que las investigaciones realizadas internamente en Paraguay "tomaron en cuenta dichas declaraciones, así como los elementos de prueba que demostrarían la no participación de las personas individualizadas por las presuntas víctimas y concluyeron que no se contaban con elementos suficientes para presentar una acusación en contra de estas personas".

La CorteIDH también absolvió a Paraguay de las acusaciones por supuestamente no iniciar una investigación rápida y de oficio acerca de la presunta desaparición de Arrom Suhurt y Martí Méndez, y por alegadas violaciones a las garantías judiciales y la protección judicial.

La demanda presentada ante la CorteIDH responsabilizaba al Estado de Paraguay por la supuesta desaparición y torturas de los activistas del grupo izquierdista Patria Libre, Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, entre el 17 y el 30 de enero de 2002.

Según la demanda, agentes estatales los interrogaron sobre sus actividades políticas y los torturaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

En la audiencia ante la CorteIDH llevada a cabo en febrero pasado, declaró por vídeo conferencia Arrom Suhurt, refugiado en Brasil desde 2003, quien relató que fue torturado con el fin de que se inculpara y acusara del secuestro también a movimientos de izquierda y de oposición.

El Estado paraguayo aseguró durante el proceso que las investigaciones de secuestro se desarrollan con seriedad y que no existían pruebas de las torturas y la desaparición forzada.

Arrom y Martí estaban imputados por el delito de secuestro y según el Estado gozaban de todas las garantías judiciales, pero antes de la audiencia preliminar del caso partieron hacia Brasil en 2002, en donde les fue otorgado el estatus de refugiados. EFE

Foto: Captura sitio web CIDH