Condenan en Chile a 14 policías y 3 civiles por desaparición de 28 campesinos

Los hechos ocurrieron tras el golpe militar que Augusto Pinochet encabezó el 11 de septiembre de ese año en los sectores de Santa Bárbara y Quilaco, aledaños a la Cordillera de Los Andes, en la región de Biobío.

En un fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada condenó a 14 años de prisión a Planté Aravena Sáez como autor de 19 delitos de secuestro calificado, mientras Héctor Echeverría Beltrán y José Pulgar Riquelme purgarán 11 años y 10 años y un día de presidio, respectivamente, como autores de 10 y de 7 secuestros calificados.

Carlos Sepúlveda Rivera fue condenado a 10 años y un día de presidio como autor de cuatro secuestros calificados y Pedro Ruiz Pardo cumplirá 5 años y un día de prisión como autor de un secuestro calificado.

Otros cuatro imputados fueron condenados a penas de 6 años de presidio, como cómplices de siete secuestros calificados, mientras Exequiel Celedón Barrera recibió una pena de 5 años y un día de presidio como cómplice de dos secuestros.

Los cuatro carabineros restantes imputados en el caso fueron sentenciados a 4 años de presidio como cómplices de un secuestro calificado y se les otorgó el beneficio de la libertad vigilada, señala el fallo.

El mismo beneficio recibieron los civiles Eugenio Villa Urrutia, José Gutiérrez Ortiz y Juan Burgos Belauzarán, condenados a 4 años de presidio, como cómplices de siete, siete y cinco secuestros calificados, respectivamente.

Los jueces decretaron además el sobreseimiento por muerte de dos carabineros y dos civiles que también estaban imputados en el juicio.

En la investigación del caso, la jueza especial Raquel Lermanda Spichiger logró establecer que, entre el 11 de septiembre y el 20 de diciembre de 1973, funcionarios de Carabineros, apoyados por grupos de civiles, detuvieron ilegalmente a 20 personas en la localidad de Santa Bárbara y a otras 8 en Quilaco, en su mayoría campesinos de la zona, cuyo paradero permanece desconocido hasta hoy.

En el aspecto civil, la Corte confirmó además el pago, por parte del Estado de Chile y los condenados, de indemnizaciones por daño moral a las familias de las víctimas, por un total de 1.215 millones de pesos (1,75 millones de dólares).

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unas 3.200 personas murieron en Chile a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otras 40.000 fueron torturadas y encarceladas por causas políticas. EFE

Foto: archivo/presidencia (ilustrativa)