Corte Electoral y la Junta Anticorrupción investigan donaciones de empresas a partidos políticos

(Montevideo/Sudestada) Monte Carlo/MP

Un informe del sitio web de investigación Sudestada reveló que estas empresas donaron dinero en la pasada campaña electoral a los partidos políticos, cuando por ley están impedidas de hacerlo.

En la publicación denominada “el negocio de los mecenas electorales” el sitio denunció que la familia Eurnekian (Puertas del Sur) y Paolo Rocca (Techint) violaron la ley de financiamiento de partidos políticos (ley 18.485) y se beneficiaron de millonarias exoneraciones impositivas.

De acuerdo a la documentación presentada por los propios partidos ante la Corte Electoral, Eduardo Eurnekian apoyó con 560 mil pesos a la fórmula presidencial del Frente Amplio (FA), mientras que su hijo Martín también contribuyó a la dupla Mujica-Astori con otros 560 mil pesos.

Además, donó 416 mil pesos para la fórmula del Partido Nacional (PN), y 53.770 para la del Partido Independiente (PI). También contribuyó con el Partido Colorado (PC), pero en este caso lo hizo en beneficio específico del sector Propuesta Batllista, al que le otorgó 200 mil pesos.

Por su parte, Tenaris Global Service SA repartió el dinero en partes iguales entre las dos fórmulas presidenciales con posibilidades de ganar la elección: 416 mil pesos para la del FA(Mujica-Astori) y la misma cantidad para la del PN (Lacalle-Larrañaga).

La publicación recuerda que el artículo 45 de la ley 18.485 establece que “los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar directa o indirectamente contribuciones o donaciones de empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas”.

Señala en ese sentido que la empresa Puertas del Sur es la concesionaria del Aeropuerto de Carrasco y de su Terminal de Cargas. La licitación de la obra pública fue adjudicada en 2005; la familia también había ganado la licitación del Aeropuerto de Laguna del Sauce.

Techint ya mantenía varios contratos con el Estado, para el “Refuerzo estructural del pavimento en el tramo de Ruta 18 entre Arroyo del Oro y Vergara”, licitación adjudicada por el Poder Ejecutivo el 26 de mayo de 2008. Pero tres meses antes de la elección nacional, la empresa de Rocca había sido la elegida por el Estado para encargarse de la realización del saneamiento en el departamento de Maldonado.

La ley prevé multas para estos casos: los partidos deben pagar el doble del monto ilegal recibido, y los benefactores de dos a diez veces más que la cifra aportada.

Pero además, en los casos de adjudicatarios de obra pública, las empresas “y sus directivos responsables, no serán tenidos en cuenta para nuevas adjudicaciones”, señala la norma que recuerda el sitio Sudestada.

Foto: Monte Carlo