ONU aprueba redactar marco legal de reestructuración de deudas por caso argentino

(Nueva York/AFP) Monte Carlo/ EL

La resolución "Hacia el establecimiento de un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana" fue aprobada por 124 votos a favor, 11 en contra (entre ellos el de Estados Unidos) y 41 abstenciones en una reunión en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

El texto resuelve "elaborar y adoptar a través de un proceso de negociaciones intergubernamentales, con carácter prioritario durante la 69º sesión (de la Asamblea General), un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional".

Para Argentina, impulsora de la iniciativa a través del Grupo de los 77 más China presidido actualmente por Bolivia, se trata de un apoyo internacional en su enfrentamiento contra los fondos especulativos que le ganaron un juicio en Estados Unidos por bonos de deuda impaga desde 2001.

Estos fondos, calificados de "buitres" por Buenos Aires porque compraron la deuda ya en default, han logrado que el juez federal Thomas Griesa bloquee pagos al 93% de bonistas que aceptaron entrar en las reestructuraciones en 2005 y 2010 de la deuda argentina, llevando al país a un default parcial el pasado 30 de julio.

Además de la esperada oposición de Estados Unidos, también votaron en contra de la resolución el Reino Unido, Japón, Alemania, Canadá, Australia, Israel, República Checa, Irlanda, Hungría y Finlandia. De su lado, se abstuvieron México (único país de América Latina), Francia, Italia y España.

"Hoy le toca a la Argentina, pero muchos países en desarrollo e incluso desarrollados han sufrido la misma conducta depredadora y la seguirán sufriendo si no actuamos ahora", dijo el representante permanente de Bolivia en la ONU, Sacha Llorenty, en nombre del Grupo de los 77 y China, al presentar una resolución que calificó de "trascendental".

"Los fondos buitres representan un riesgo para todos los futuros procesos de reestructuración de las deudas", agregó el embajador, según el cual la falta de un marco legal global sobre esta cuestión "es un gran fracaso de la arquitectura financiera internacional".

De su lado, el canciller argentino Héctor Timerman, presente en Nueva York, afirmó en un discurso durante el debate que la resolución es "fiel reflejo de la relevancia y urgencia" del tema.

"Les tenemos que poner un límite que vaya más allá de la enunciación retórica", agregó en referencia a los fondos especulativos, a los que definió como "siniestros señores de la opulencia".

"Argentina está orgullosa de que 124 países, el 50% de los presentes hoy en el debate, hayan expresado claramente que teníamos que venir a la ONU a discutir las reestructuraciones de deuda soberana", dijo en conferencia de prensa posterior, agregando que su país se iba a reunir con aquellas naciones que votaron en contra para buscar un consenso.

La resolución, que en sus cuatro páginas no menciona a Argentina, señala que "el esfuerzo de un Estado por reestructurar su deuda soberana no debe ser frustrado o impedido por acreedores comerciales, incluyendo fondos de inversión especializados como los fondos de riesgo".

Las modalidades para redactar el nuevo marco legal para facilitar reestructuraciones ordenadas de deudas soberanas serán definidas "antes de fines de 2014", según el texto.

Luego, antes de la conclusión del próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que concluirá en septiembre de 2015, deberá aprobarse el texto definitivo.

"La expectativa es conseguir el mejor marco legal no sólo para Argentina sino para todos. Uno no hace todo pensando solamente en uno mismo. Pero la situación de Argentina (por la crisis de la deuda) está lejos de estar terminada", sostuvo Timerman.

Al margen de este anuncio, el gobierno argentino avanza con un proyecto de ley en el Congreso que autoriza a fijar Buenos Aires o París como lugares de pago de la deuda, frente al bloqueo judicial que impide a los acreedores cobrar en Nueva York.

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