Expertos de ONU piden a Colombia mantener límites de justicia militar

(Nueva York/AFP) Monte Carlo/ EL

La preocupación de estos doce especialistas gira en torno al proyecto de ley número 85 de 2013 del Senado colombiano, que reestructura y expande el alcance de la jurisdicción de los tribunales militares, y que fue presentado luego de que la Corte Constitucional rechazara en octubre pasado otra controvertida iniciativa que ampliaba el fuero militar.

"La reforma otorgaría amplia jurisdicción a los tribunales militares cubriendo, entre otros, homicidio, infracciones al derecho internacional humanitario, delitos contra la protección de la información y de los datos, delitos contra la seguridad pública y otros crímenes que deberían quedar bajo la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios", aseguraron los expertos de las Naciones Unidas.

"Hacemos un llamado al gobierno para que garantice que la jurisdicción de los tribunales militares se limite a los delitos penales y faltas disciplinarias de carácter estrictamente militar, y presuntamente cometidos por miembros activos de las fuerzas armadas. Los crímenes que asciendan a violaciones graves de derechos humanos siempre deberían quedar bajo la jurisdicción de los tribunales ordinarios" incluso los cometidos por uniformados, subrayaron.

El proyecto de ley excluye sin embargo de la justicia militar algunas violaciones a los derechos humanos -como genocidio, desaparición forzada o desplazamiento forzado- pero los tribunales castrenses "conservarían en la práctica jurisdicción sobre una serie de delitos comunes que también podrían constituir violaciones de derechos humanos".

"Por ejemplo (...) la justicia militar podría ejercer su jurisdicción sobre los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por personal militar o policial", advirtieron los expertos.

La justicia colombiana investiga casi 1.300 ejecuciones sumarias de civiles cometidas por militares, conocidas en Colombia como "falsos positivos" y en las que civiles eran asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Estos casos fueron descubiertos a fines de la década de 2000 y constituyen cerca del 60% de las investigaciones judiciales a militares.

Algunos de los expertos firmantes de la carta abierta al gobierno colombiano son: Mads Andenas, presidente-relator del grupo de trabajo sobre detención arbitraria; Christof Heyns, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Gabriela Knaul, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados.

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