ESPECIAL: Buscan en Chile eliminar relación entre dinero y política

(Santiago/XINHUA) Monte Carlo/EL

 De acuerdo con el presidente del organismo "Chile Transparente", José Antonio Viera-Gallo, el caso es investigado por la justicia nacional debido a supuestas aportaciones ilegales a candidatos de la derechista Unión Demócrata Independiente.

Entre los políticos implicados que recibieron los fondos está el ex aspirante presidencial Laurence Golborne y los candidatos a senadores Ena Von Baer, Pablo Zalaquett e Iván Moreira, entre otros.

Según las acusaciones, el partido político recibió dinero para sus campañas electorales en 2013 mediante el pago de boletas y facturas falsas o adulteradas, de manera que el Servicio de Impuestos Internos devolviera a la empresa los montos, como establece la ley.

Este "fraudulento" mecanismo se utilizó cuando Penta alcanzó el límite de las donaciones legales en el Servicio Electoral (Servel) a favor de otros candidatos.

Viera-Gallo comentó que es habitual en el país que las grandes empresas ayuden financieramente a determinados candidatos al poder Legislativo, para que luego apoyen aquellos proyectos de ley que les traigan beneficios económicos.

La "Ley de transparencia, límite y control del gasto electoral" de Chile establece que "el donante es la persona natural o jurídica que hace una contribución en dinero o estimable en dinero, que se encuentra destinada al financiamiento de gastos electorales".

Mientras que el y el "donatario es la persona que recibe y acepta la donación y puede ser un candidato o un partido político".

Las donaciones se clasifican como "aportes propios, aportes anónimos, aportes reservados y aportes privados de carácter público", y cada modalidad debe cumplir con requisitos específicos.

El también ex senador socialista expuso que es vital que los aportes a los candidatos sean públicos y que el Servel tenga la capacidad de evaluar el gasto, además de aplicar las multas correspondientes "si se va más allá de lo que la ley establece".

"Chile Transparente" considera "imprescindible" establecer por ley el financiamiento permanente del Estado a los partidos políticos, acorde al arraigo que tengan en la ciudadanía, ya que se considera que sólo el 6 por ciento de los ciudadanos tiene confianza en los partidos.

Por su parte, el dos veces candidato presidencial y presidente del Partido Progresista (PP), Maro Enríquez-Ominami, comentó respecto al caso Penta que "se volvió intolerable el manto de opacidad, hipocresía e impunidad que está instalado sobre la relación de dinero y política".

Propuso "una agenda potente de transparencia que implique eliminar los 'gastos reservados' de empresas a las campañas, fiscalizar adecuadamente el gasto y proveer financiamiento público a los partidos que cumplan con requisitos de transparencia".

Ominami consideró que ello supone revisar la Ley de Partidos Políticos y las condiciones de su mantenimiento legal, de manera que toda infracción grave a la normativa encuanto a financiamiento y gasto electoral, se pueda "castigar" con la revocación o inhabilidad.

"En el ámbito privado, creemos necesario terminar con los aportes de las empresas", aunque los empresarios tienen "el derecho de participar contribuyendo con sus recursos personales, respetando ciertos límites".

Expuso que no se entiende que una empresa, que debe crear valor para sus dueños y accionistas, "se dedique a promover ideologías partidistas y candidatos que debiesen defender los intereses de sus electores y no de sus donantes".

A su vez, el centro de estudios Espacio Público ha hecho propuestas para corregir varias de las anomalías existentes respecto a financiamiento de campañas políticas, por ejemplo, terminar con los "aportes reservados" a candidatos.

Propone establecer una cuenta única de ingresos y gastos por cada aspirante dentro del Banco del Estado.

Busca que se elimine el anonimato de los grandes aportantes y que los ciudadanos puedan acceder a la cuenta bancaria para conocer al donante, el monto y el beneficiario.

Actualmente, los candidatos con más recursos financieros comienzan sus campañas meses antes de la fecha establecida, por medio de propaganda en las principales avenidas de las ciudades, en la radio y en la televisión, en detrimento de los candidatos con menos recursos.

El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet no se ha pronunciado sobre el tema, aunque no se descarta que apoye reformar el Servicio Electoral para que tenga mayor transparencia y mejores prácticas políticas.

FOTO: AFP