Opinión: "Respeto al Poder Judicial"

(Montevideo/Monte Carlo)

Nuestra Carta política, el contrato gubernamental que nos dimos los orientales, establece en su artículo 82 que la Nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. En este caso la formalidad busca garantizar el fondo, la orientación de la filosofía política de nuestro pueblo, -de la Nación- en términos de nuestros constituyentes.

Una adecuada articulación entre Democracia y República haría que estuviéramos exentos del riesgo de reyes democráticos o presidentes absolutistas al decir del profesor Fernando Mires. Es que a la legitimidad democrática le agregó nuestra Carta, el respeto por la separación de poderes, esa vuelta de tuerca que busca limitar –al poder y a los poderosos-.

La legitimidad de quien gobierna, con la legalidad en la gestión política del poder, el cómo se gobierna. Allí el sistema de frenos y contrapesos desde Montesquieu hasta ahora marca cómo deben relacionarse los poderes.

Y a pocos días de la definición del balotaje debemos reflexionar sobre la realidad del Poder Judicial. Estamos inmersos en un inusitado conflicto con nuestros jueces y funcionarios judiciales.

El origen del conflicto está en una pésima ley –y peores decisiones subsiguientes- dictada por la mayoría frentista. En 2010 el Poder Ejecutivo pretendió excluir a ciertos funcionarios de algunos ajustes salariales, pero lo hizo rematadamente mal.

En aquel momento se aprobó la ley 18.719 (arts. 64 y 68). Como estaba mal hecha, hicieron otra ley, la 18.738. Como la misma era inconstitucional (fallo de la SCJ 601/2014 del 11 de junio de 2014), se hizo otra ley –la 18.996-, pero, esta también era inconstitucional….(fallo de la SCJ 734/2014 de 11 de agosto de 2014). Usted leyó bien, para arreglar una ley, ¡hicieron dos inconstitucionales! ¡Insólito!

A partir del último fallo, quedaron definitivamente ¨enganchados¨ una serie de salarios. ¨Enganche¨ de sueldos que como una catarata van derramando sobre otros sueldos. El enganche es así: los Ministros de la Suprema Corte de Justicia con los Ministros de Estado, los Magistrados con los Ministros de la Suprema Corte los funcionarios del Poder Judicial con los Magistrados los Fiscales con los Jueces los funcionarios de las Fiscalías, de la Procuraduría del Estado, de la Dirección General de Registros y del Registro Civil también con los funcionarios del Poder Judicial.

No se trata de 200 Jerarcas o 500 Jueces, sino que hablamos de más de 5.000 funcionarios

Ello le costará al Estado –a todos- por el período 2011 a 2014, unos 100.000.000 de dólares. Este ¨horror¨ legislativo es producto, entre otras cosas de la falta de consideración por el Poder Judicial y la impericia del gobierno y la fuerza política con mayoría parlamentarias.

Ha habido, en la última década inapropiados cuestionamientos al Poder Judicial, lo que ameritó incluso que, en 2008 nos movilizáramos blancos, colorados y Partido independiente para respaldar y reafirmar el respeto republicano por la separación de poderes. El sentimiento de que ¨lo político está por sobre lo jurídico¨ no es de recibo en los espíritus republicanos.

Pero engendra cierta aprensión, que la misma fuerza de gobierno responsable del conflicto presupuestal con los judiciales, -y ahora busca mayorías por tercera vez- nos anuncie su pretensión de iniciar ¨cambios institucionales y culturales¨ en el Poder Judicial.

Así establece el Programa del Frente Amplio, en su Capítulo VI. Transformación Democrática del Estado y la Sociedad, cuando en la página 118 consigna: ¨Las reformas necesarias en el Poder Judicial suponen una serie de cambios institucionales y culturales, una mayor transparencia y eficiencia...¨

Aparentemente se buscaría una ¨reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura que establezca un sistema claro y transparente de nombramientos, ascensos y movilidad de los jueces. Y no se quedarían allí las¨reformas¨.

Se avanzaría en ¨la reforma del Ministerio Público y Fiscal que garantice la carrera profesional de los Magistrados Fiscales, desde su convocatoria y selección¨

Es absolutamente necesario se transparenten las pretensas voluntades ¨reformistas¨, ilustrando sobre el alcance de ¨los cambios institucionales y culturales¨ sobre el Poder Judicial, así como asegurar que cualquier transformación, surja de consensos políticos partidarios plurales.

El Uruguay no aceptaría un menoscabo al Estado de Derecho ni fragilizar la debida separación de poderes. Por nuestra parte, dejamos claro, una vez más y como siempre, que permaneceremos inconmovibles en la férrea defensa de la independencia del Poder Judicial.

Foto: Alianza Nacional