Nacionales

11/Dic
/2014

Productores rurales respaldan divulgación de datos sobre Aratirí

La Justicia decidió días atrás obligar al Gobierno a difundir los datos del contrato con la empresa minera. La Asociación Rural de San José sostiene que cuando la información del proyecto sea público, la población entera se convencerá que existen motivos para rechazar su instalación.

Mayor transparencia

Mayor transparencia

(San José/Primera Hora) Monte Carlo - MDS

Tras el dictamen del Tribunal de Apelaciones que obliga a brindar la información solicitada por el Movimiento “Uruguay Libre”, el Gobierno anunció que en un plazo de 15 días estará dando a conocer los detalles de este proyecto.

El hecho fue bien recibido por la Asociación Rural de San José (ARSJ), entidad que integra “Uruguay Libre” y que también viene encabezando la movilización de las gremiales ruralistas locales en contra del desarrollo de esta práctica extractiva en nuestro departamento.

“Es una buena noticia el hecho de que se pueda acceder a una información que debería ser de libre acceso para toda la ciudadanía y más ante un proyecto de tanta importancia y con un impacto ambiental de gran magnitud y evaluado como irreversible, evaluó el directivo de la ARSJ Reinaldo Díaz.

Añadió: "Si esa información es vertida por los medios de prensa de forma amplia, el ciudadano verá realmente que la lucha mantenida durante este tiempo no es en vano y que sí hay motivos para tener reparos frente a este proyecto”.

El ruralista reclamó que la información vertida sea total, rechazando lo anunciado por el Ministro de Industria Roberto Kreimerman, quién dejó entrever que habrá parte de la misma que no será difundida y que tiene que ver con aspectos comerciales e industriales del proyecto.

“Venimos reclamando acceder a todo lo que es el proyecto. En cuanto a la información que se había presentado como confidencial, también la creemos importante porque se refiere a la magnitud de los yacimientos que dice tener la empresa. No hay motivos para ocultar información que tenga que ver con el impacto ambiental", manifestó el dirigente ruralista.

Díaz remarcó que la decisión judicial marca un antecedente importante no solo para el caso Aratirí, sino también para otros departamentos afectados por el desarrollo minero, como es el caso de San José.

Se estima en unas 60 mil las hectáreas pedidas en prospección en el departamento, principalmente en el norte (Mal Abrigo, Colonia América, Mahoma y otras áreas de la Cuarta Sección) para la detección de oro y plata.

La mayoría de los trámites corresponden a la empresa Orosur.

“Nos queda como un insumo, un antecedente valioso, porque en San José si bien aún no se ha dado a conocer todavía un proyecto, hay una vasta zona pedida en prospección", señaló el productor.

Foto: AFP

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