
Causa y consecuencia
(Túnez/AFP) Monte Carlo - MDS
En los últimos meses se elaboraron varias versiones del texto sobre "la lucha contra el terrorismo y el blanqueamiento de dinero" reclamado desde la revolución de 2011, pero no se han presentado a los diputados en sesión plenaria debido a la falta de consenso.
Este debate se produce en un momento de crecientes amenazas, después de los atentados de junio en Susa (centro-este) y de marzo en el museo capitalino del Bardo, en el que murieron decenas de personas y que fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).
El proyecto presentado este miércoles había sido objeto de acuerdo a nivel de comisión entre los principales grupos parlamentarios, especialmente el partido islamista Ennahda y el Nidaa Tounès del presidente Béji Caïd Essebsi, partidos que gobiernan en coalición desde principios de año.
Este texto debería reemplazar una ley antiterrorista de 2003 adoptada bajo la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali y ampliamente empleada, según los defensores de los derechos humanos, para reprimir a la oposición, sobre todo a Ennahda, que entonces estaba prohibido.
Varias ONG, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ya han mostrado su preocupación ante la futura ley.
Critican, sobre todo, una definición demasiado vaga de los crímenes considerados como terroristas, la falta de garantías para proteger los derechos de los acusados o disposiciones que pueden vulnerar la libertad de expresión o la libertad de prensa.
Túnez se presenta como modelo de transición democrática en el mundo árabe tras la revolución de enero de 2011, pero se enfrenta a una creciente amenaza yihadista y a tensiones socio-económicas cada vez más agudas, y las autoridades temen una deriva hacia la inestabilidad.
Foto: AFP




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