COFE rechazó aumentos de tarifas y los tilda de impuesto encubierto

Señalan que la situación es más grave en el caso de UTE, ya que bajaron sustancialmente los costos de la producción de energía eléctrica.

COFE rechaza en forma contundente el incremento y lo define como  un impuesto encubierto al consumo.

Sostienen que el aumento de tarifas, inevitablemente caerá en las espaldas de los trabajadores activos y pasivos de bajos y medianos ingresos.

Afirman que el sector empresarial ha cuestionado fuertemente este aumento de tarifas, de la misma forma que rechaza cualquier nuevo impuesto, cualquier aumento de tasa o cualquier modificación en la forma de liquidación que genere mayores costos y reduzca sus beneficios.

Cuestionan que nada han dicho “los dueños del capital” respecto al ajuste fiscal que desde  hace varios años se aplica sobre los trabajadores públicos, con indudables efectos negativos sobre los trabajadores privados.

En un resumen realizado por la organización y difundida en un comunicado, denuncian que la hubo un largo collar de medidas de ajuste que viene siendo aplicado hace varios años por el gobierno del FA.

La primera es la aplicación de una metodología de ajuste salarial basada en la inflación futura, con en el argumento de que así se evitaría que la inflación se propagará de un año para el otro.

La simple descripción de la metodología muestra que el ajuste salarial de los empleados públicos queda determinado por el gobierno a través de la inflación futura, variable elegida discrecionalmente y que no está sujeta a ningún tipo de negociación con los trabajadores.

Denuncian que los trabajadores pierden no menos del 3% de aumento salarial a raíz del cálculo de la inflación futura, cuyo objetivo es evitar la actualización adecuada de los salarios.

COFE reclama que se suba el mínimo no imponible a ocho bases de prestaciones.

En síntesis, desde la organización rechazan el ajuste fiscal que se aplica sobre los trabajadores tanto sea esto por: aumento de tarifas públicas; objetivos de inflación futura inviables; manipulación de las tarifas como con el UTE Premia, que inciden en la medición final del IPC.

Fundamentalmente reclaman que se cumpla con el compromiso asumido en las campañas electorales de que pague más el que más tiene y que con estas medidas lo único que se genera es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y pasividades.

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