El integrante de la Comisión de Defensa de la Competencia, Javier Gomensoro, valoró positivamente la nueva institucionalidad pero advirtió que el proyecto consagra el monopolio del Estado en el sector del juego.
El proyecto establece que quien "en lugares públicos o accesible al público, en contravención a las normas y reglamentos aplicables tuviere, explotare o facilitare juegos de azar, será castigado con tres meses de prisión hasta tres año de penitenciaría".
Además que "el que en mismas circunstancias tomare participación en juegos de azar será castigado con una multa de 2.500 a 25.000 Unidades Indexadas ($ 7.049 a $ 70.487) o prisión equivalente".
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