Gobierno propone cadena perpetua para violadores de niños en Bolivia

El vicepresidente Álvaro García hizo un listado de sugerencias, al inaugurar una "cumbre judicial", en la que participan representantes de los órganos de la justicia, las universidades y los movimientos sociales, que concluirá el sábado.

"Consideramos que ustedes tienen el derecho de debatir la cadena perpetua para la violación de niños o niñas con muerte", afirmó García, lo que implicaría cambiar la Constitución, que establece una pena máxima de 30 años de cárcel para casos como traición a la patria, espionaje, parricidio, asesinato y feminicidio.

También sugirió la sumatoria de penas por la comisión de varios delitos, inexistente en la legislación boliviana. La actual norma permite a un juez aplicar la sanción sobre el delito mayor y no tomar en cuenta otros menores, cuando en un hecho delictivo se pudieran infringir varias normas.

Asimismo, "se propone penas elevadas a los (delincuentes) reincidentes, que se duplique, se triplique", señaló la segunda autoridad del país en el evento público.

Entre otras medidas, el gobierno propuso "introducir agentes encubiertos en la lucha contra la corrupción en juzgados, en fiscalías, en órganos de la justicia".

"Necesitamos dar una transformación y las grandes transformaciones vendrán simultáneamente", en varios escenarios de la justicia, señaló.

Las propuestas y acuerdos deberán luego canalizarse hacia el Parlamento que deberá aprobar nuevas leyes o reformar las existentes.

La oposición se excluyó del evento, pues arguye que el fin de la reunión es acordar hasta este sábado la reforma constitucional para permitirle al presidente Evo Morales volver a postularse a la presidencia por un cuarto mandato consecutivo (2020-2025), pese a perder un referendo popular en febrero pasado que tenía ese fin.

El gobierno negó ese extremo.

El oficialismo busca una segunda reforma del sistema de justicia, luego de una primera en donde se autorizó la elección de magistrados de los principales poderes del sistema judicial por voto popular en 2011.

El gobierno admitió que ese cambio no permitió mejorar el funcionamiento de este poder del Estado, sumido en la mora procesal y la corrupción.

AFP