Le abrieron el vientre, pero la intervención no se detuvo ahí. Sin informarle, también le ligaron las trompas de Falopio, una operación irreversible con la cual no podría tener más hijos.
Su bebé murió y Vigo se transformó en una de las 300.000 personas que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, fueron esterilizadas forzosamente por el Estado en Perú entre 1996 y 1997.
La víctimas esperan que la justicia decida el próximo mes si investigará de una vez por todas las acusaciones contra el hombre al que culpan: el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
"Más que todo me perturbó la muerte de mi hijo. Y además el escuchar que me habían esterilizado. Me sentí muy impotente, con cólera", relata Vigo por teléfono a la AFP.
"No lo esperaba", añade y explica que estaba "indignada, porque el médico nunca se acercó a mí para compartir conmigo la decisión."
Vigo, que tenía 32 años cuando fue operada, demandó al médico que la esterilizó.
"Me dijo que estaba cumpliendo órdenes", recuerda.
Cinco años más tarde, un tribunal le otorgó una compensación de 2.500 dólares.
Pero lo que verdaderamente quiere es que Fujimori y su exministro de Salud sean enjuiciados.
A esta práctica el gobierno de Alberto Fujimori la llamaba "Programa de salud reproductiva y planificación familiar", pero para las organizaciones de derechos humanos se trataba en realidad de algo turbio.
"Fujimori le vendió a la comunidad internacional y a las mujeres del Perú que lo que quería era garantizar (...) que las mujeres decidieran cuántos hijos querían tener", dice María Ysabel Cedano, líder de la organización peruana de derechos de las mujeres DEMUS.
AFP




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