
El actual diputado, que está imputado en múltiples causas judiciales, llegó este miércoles al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de Buenos Aires, donde comenzaron las audiencias por el delito de descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y por defraudación contra la administración pública, informaron fuentes judiciales.
También está acusado Jorge Gustavo Simeonoff, uno de sus colaboradores.
El tribunal está integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Ana María D'Alessio.
El proceso juzga la responsabilidad de los funcionarios en el accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012 en el barrio porteño de Once, cuando un tren que conecta la capital argentina con la zona oeste del cinturón urbano bonaerense se empotró contra un andén de la estación cabecera en la hora punta de la mañana.
La Justicia dispuso el procesamiento de De Vido al considerar que conocía las "graves falencias" del sistema ferroviario y no adoptó ninguna medida para solucionarlo.
Ya en diciembre de 2015, la Justicia condenó a ocho años de prisión al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (2009-2012) y a su antecesor, Ricardo Jaime (2003-2009), por un "delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
El lunes pasado, De Vido eligió a dos nuevos abogados, tras la renuncia pocos días antes de los anteriores, que declinaron ocuparse de esta y el resto de causas que afectan al exministro, que es considerada una de las figuras más controvertidas de la política argentina.
No obstante, hace dos meses un fiscal pidió que fuera desprendido de sus fueros como legislador para poder ser detenido por un caso en el que es investigado por un presunto multimillonario desvío de fondos, algo que finalmente no se concretó porque la iniciativa, avalada por el oficialismo, no contó con los votos suficientes en el Congreso.
Además de la apertura del juicio de hoy, De Vido tiene múltiples procesos abiertos por la Justicia, como la supuesta adjudicación de obras públicas a empresarios afines.
Por otro lado, también está en la mira de la Fiscalía por presunto fraude al Estado en un caso que afecta en Argentina a la constructora brasileña Odebrecht.
Foto: EFE




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