Milagro Sala acusa a jueces de sumarse a "persecución política" contra ella

Un día después de que se confirmara que en dos semanas deberá declarar en calidad de acusada en un juicio por supuestas amenazas a una comisaría en 2014, Sala envió una carta a los miembros de la Justicia jujeña en la que aseguró que las causas contra ella "fueron armadas" por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales.

"Aunque ustedes digan públicamente lo contrario, saben que soy una perseguida política" y "ustedes saben que cada paso judicial que se da es consultado y decidido en la gobernación", señaló en el texto, dirigido explícitamente a "jueces y fiscales de Jujuy" y difundido por el Comité por la Libertad de Milagro Sala.

La diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) por el kirchnerista Frente para la Victoria los consideró "instrumentos de esa persecución política", que "consultan y obedecen, dejando de lado los principios básicos del derecho que estudiaron en la universidad y que juraron defender".

Por otro lado, afirmó que la "persecución" afecta también a su familia, sus compañeros de la Tupac Amaru -la organización barrial que lidera- y sus abogados.

"No solo buscan nuestra prisión por muchos años, buscan destruirnos como personas y buscan desterrar toda obra social y popular que hizo la Tupac Amaru", aseveró antes de asegurar que, finalmente, será condenada porque "esa es la decisión de Morales".

Sin embargo, advirtió que la historia "no se detiene" y se mostró convencida de que algún día todos estos jueces y fiscales deberán responder por las "persecuciones" contra ella.

"Las diferencias políticas no se resuelven con la prisión de los opositores. Quienes así lo hacen terminan siendo mercenarios del poder político autoritario", sentenció en la misiva, que firmó como "Milagro Sala, presa política".

La activista permanece presa desde el 16 de enero de 2016, cuando la Justicia jujeña ordenó detenerla por presunta instigación, tumulto y sedición, entre otros cargos, durante una protesta social organizada por la Tupac Amaru.

Trece días después, un juez provincial ordenó su excarcelación, pero, en contra de esa decisión, Sala permaneció detenida preventivamente por una causa abierta el día anterior en la que se le imputaron delitos de defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita.

La Tupac Amaru es un movimiento nacido en 1999 con objetivos como construir casas, escuelas, centros de salud y pequeñas empresas para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina a través de donaciones y ayudas concedidas por el Estado.

La investigación contra Sala se centra en el presunto manejo irregular de esos fondos durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara en julio pasado una medida cautelar a la activista en la que solicitaba al Estado argentino "medidas alternativas" a su detención, el juez jujeño Gastón Mercau aprobó su traslado al domicilio.

Sin embargo, hace un mes se decidió revocar el arresto domiciliario y devolver a prisión a Sala porque, según el juez Pablo Pullen Llermanos, no cumplió las condiciones establecidas para que su salud estuviese bien atendida.

Esta decisión incumple la medida cautelar de la CIDH y ya ha sido denunciada por el propio organismo, los abogados de la dirigente social y organizaciones de derechos humanos, entre otros.

Datos: EFE
Foto: Captura TN