
La diputada del Parlamento de Mercosur (Parlasur) por el kirchnerista Frente para la Victoria, en prisión preventiva por presunta corrupción, entró a la sala manifestando que su encarcelamiento era "político" y que sabe que la "decisión (condena) está tomada", según afirmó a Efe Paloma Álvarez, abogada integrante del Comité para la Libertad de Milagro Sala.
Este caso se enmarcó en la prensa nacional como "la causa de las bombachas (bragas)", ya que se dio cuando la hija de una amiga de Sala reconoció en un puesto ambulante ropa interior que pertenecía a su madre y que había sido sustraída de su vivienda días atrás, pero cuando llamó a la policía fue detenida junto a la dueña del quiosco.
Los hechos de los que se acusa a la activista se corresponden con dos llamadas telefónicas recibidas en la Comisaría Seccional 56 de Alto Comedero, en Jujuy, en los que Sala habría solicitado la restitución a la hija de su colega de esas prendas.
Al no recibir ninguna explicación de parte de la Fiscalía de turno concernida al estado de la hija de Vargas, Sala comenzó a insultar al oficial que se encontraba al teléfono y a denunciar la "incompetencia" de la comisaría.
El informe divulgado por el Poder Judicial de Jujuy afirma que la parlamentaria dijo al policía, al no recibir la información que buscaba, que eran "una manga de incompetentes".
"Cuando les ponga yo una bomba me van a conocer a mí, los voy a hacer volar a la mierda, ya me van a conocer", asevera el informe sobre las presuntas amenazas de Sala.
Declararon en la audiencia de hoy, además de la acusada, la jefa de la comisaría en cuestión, uno de los oficiales que emitió la denuncia contra Sala y una mujer que supuestamente se encontraba entonces en la comisaría realizando una denuncia y que afirmó no recordar haber llevado a cabo dicho trámite el día de los hechos.
La abogada denunció que el acceso a la sala se le fue negado a la prensa asistente y que, por tanto, el desarrollo del juicio evidenció la "presión política que se ejerce sobre el poder judicial" y que no se aseguraba ninguna "garantía constitucional".
"Es un entorpecimiento y una negativa a que se sepa la verdad de lo que pasa dentro de esa audiencia y lo que van decidiendo los jueces. No tienen problema de hacerlo porque no quedó registro", criticó Álvarez.
La sesión continuará el viernes, a partir de las 08.30 horas (11.30 GMT), con la declaración del segundo oficial denunciante, que no se presentó hoy a la cita judicial, y de seis testigos más.
Milagro Sala se encuentra en prisión preventiva desde enero de 2016, cuando la Justicia jujeña ordenó su detención por presunto tumulto y sedición, entre otros cargos, durante una protesta organizada por el movimiento social Tupac Amaru, dedicado a la atención de personas desfavorecidas en el norte del país.
Sin embargo, a pesar de que un juez ordenó poco después su liberación, quedó detenida por otras causas en las que se investigan delitos de corrupción relacionados con los fondos públicos que la Tupac Amaru recibía del Estado durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
El pasado julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medida cautelar a la activista y pudo ser trasladada a su domicilio pero en octubre se decidió revocar esta decisión y que Sala volviese a prisión porque la vivienda no cumplía las condiciones establecidas para atender su estado de salud.
"Estamos esperando que en las próximas horas Milagro recupere la libertad conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que tiene que ser trasladada a su domicilio", aseguró a Efe uno de los abogados de Milagro, Luis Paz.
Foto: Captura TN




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