Cristina Fernández a juicio oral por presunta corrupción

Un juez decidió elevar a juicio una investigación en la que se acusa a la expresidenta argentina Cristina Fernández de asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública durante su mandato, por lo que será la primera vez que la actual senadora deba rendir cuentas por presunta corrupción.

Fernández tendrá que sentarse en el banquillo, en una fecha aún por determinar, junto a, entre otros imputados, quien fuera ministro del área de obras públicas, Julio De Vido, y el constructor Lázaro Báez, ambos en prisión preventiva por otras causas.

El juez Julián Ercolini hace así lugar a la posición del fiscal Gerardo Pollicita, quien había pedido abrir el juicio oral de la causa, en la que se investiga el presunto 'direccionamiento' de contratos de obras públicas a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz -cuna del kirchnerismo- durante los Gobiernos de Kirchner y su esposa.

Según el fallo del magistrado, Fernández, en su carácter de presidenta, "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad".

La investigación apunta a que se pergeñó un plan en Santa Cruz para el manejo "fraudulento" de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos kirchneristas.

A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos; para "apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada" de los fondos asignados a la obra pública vial.

Todo mediante licitaciones con "múltiples irregularidades" destinadas al favorecimiento del empresario.

En el relato de los hechos establecido por la Justicia, se destaca cómo se realizó la "conversión formal" de Báez, amigo durante años del matrimonio presidencial, en empresario de la construcción para luego "ser insertado" en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura del Estado.

Se nombra como prueba que pocos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia, Báez, junto con dos socios, fundó el Grupo Austral.

"En pos de llevar adelante las maniobras del plan primigenio, el mentado expresidente montó la estructura institucional de su Gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz (de la que Kirchner fue gobernador entre 1991 y 2003)", explica Ercolini en el fallo.

Presumiblemente, esa estructura fue mantenida a partir de 2007 con el comienzo del mandato de Fernández.

La causa de Ercolini se relaciona, inevitablemente, con otras dos que afectan también, principalmente, a Fernández y Báez, y en las que se investiga si se usaron dos sociedades inmobiliarias de los Kirchner para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de empresarios como Báez, que a su vez habían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.

EFE