Participan del mismo, los ministerios del Interior, y los de Educación y Cultura, Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Vivienda ordenamiento Teritorial y Medioambiente y Desarrollo Social.
Se encargará de coordinar políticas tendientes a la protección a las víctimas y testigos de los delitos violentos al amparo de la normativa vigente.
Por ley se creó una prestación de seguridad social a cargo del BPS y el nuevo Código del Proceso Penal establece "claramente" la responsabilidad del Estado de atender y proteger a víctimas y testigos.
"Ante un hecho delictivo el Estado debe actuar ofreciendo respuestas a la ciudadanía ejecutando una coordinación entre los diversos programas y servicios destinados a la atención y protección integral de las víctimas y testigos", subraya el texto.
Foto: EFE
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