"A raíz de las informaciones difundidas en esta jornada -que suponen la ingerencia del Ministerio del Interior en situaciones irregulares de supuestas coimas", Vázquez se reunió con el Fiscal General, Jorge Díaz, para ponerse "a disposición de la Fiscalía a los efectos que estime pertinentes para la dilucidación de los hechos", según un comunicado oficial.
Además, el viceministro solicitó al presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, la formalización de un Tribunal de Conducta Política "que juzgue la participación que le cupo en el tema".
Asimismo, el Ministerio indicó que su rol "fue de asesoramiento a la AUF acerca de las condiciones técnicas necesarias para implementar un sistema de reconocimiento facial eficiente" en el Estadio Centenario y que aportará "toda la documentación" que comprueba su actuación.
"Las reuniones mantenidas (con AUF) sobre este punto fueron encabezadas por el subsecretario, Jorge Vázquez, junto a un grupo de técnicos que colaboraron en la confección de las condiciones técnicas mínimas e indispensables que debía contar un sistema como el requerido, haciendo caudal de la experiencia", detalla el documento ministerial.
En ese sentido, también garantizó que la cartera "jamás insinuó ni direccionó" la contratación de "ninguna de las empresas" que participaron del llamado, como afirmó el expresidente de la AUF Wilmar Valdez en uno de los audios de unas charlas con el empresario Walter Alcántara que se encuentran bajo investigación de la Fiscalía desde el pasado 31 de julio.
En la grabación, el exdirectivo afirma que el Ministerio recibió una coima para que la empresa ganadora fuera seleccionada.
Las conversaciones entre Alcántara y Valdez, registradas por el primero, son de hace tres años, pero se dieron a conocer pocos días antes de las elecciones de la AUF, fijadas para el 31 de julio y postergadas para el próximo 21 de agosto.
El pasado 30 de julio, Valdez renunció a su cargo y candidatura para reelección en la AUF "por motivos familiares", aunque su abogado, Pablo Galain, reconoció que la existencia de los audios, usados como instrumento de extorsión, fueron el real motivo de su decisión.
Por su parte, la abogada de Alcántara, Silvia Etchebarne, señaló a Efe el pasado 3 de agosto que las grabaciones se refieren a proyectos relacionados al fútbol y a circunstancias "un poco extrañas" para llevar adelante reuniones, hecho que motivó su cliente a registrarlas en audio.
Foto: Presidencia
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