Argentina aplicará limitaciones a la prisión preventiva desde este viernes

El nuevo CPP, presentado por el Gobierno en febrero pasado, establece las condiciones concretas en las que un acusado puede ser sometido a prisión preventiva, que se producirá en caso de que exista peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación de la causa.

Para determinar el riesgo de fuga se deberán tener en cuenta criterios como el "arraigo y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto", el "comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión" y "las circunstancias y naturaleza del hecho".

En cuanto al segundo supuesto, el de entorpecimiento de la investigación, el juez deberá considerar "indicios que justifiquen la grave sospecha" de que el imputado "destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba"; "intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución", "hostigará o amenazará a la víctima o a testigos" o "influirá para que testigos o peritos informen falsamente".

Asimismo, el texto establece otras "medidas de coerción" alternativas a la prisión preventiva que podrán ser solicitadas por la Fiscalía o la parte querellante, como la "promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación", la "obligación de presentarse periódicamente ante el juez", la "retención de documentos de viaje" o "la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico".

La prisión preventiva solo se aplicará en caso de que estas medida de coerción "no fueren suficientes para asegurar" que no existe riesgo de fuga o de entorpecimiento".

Hasta el momento, la Justicia empleaba un fallo plenario de la Cámara de Casación, conocido como Díaz Bessone, para determinar la imposición de prisión preventiva, que se reservaba para los mismos dos supuestos que ahora, aunque no dotaba a los jueces de pautas concretas para determinarlos.

El nuevo CPP fue presentado en febrero y sustituirá a la anterior norma, de 2014. Para asegurar su "mejor implementación" el Congreso designó a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

Foto y datos: EFE