Tensión en el Gobierno español tras pacto para extender el estado de alarma

Varios pesos pesados de los dos partidos que componen la coalición progresista (Partido Socialista (PSOE) y a la formación izquierdista Unidas Podemos (UP), mostraron hoy posiciones totalmente divergentes en la disputa, que se centra en la derogación de una reforma del mercado de trabajo aprobada en 2012 por un Gobierno conservador.

Además, el pacto dio una nueva arma a la oposición de derecha y extrema derecha para atacar al Ejecutivo y a su presidente, el socialista Pedro Sánchez.

La votación de ayer en el Congreso fue holgada a favor del Gobierno, con 177 votos a favor y 162 en contra, pero el Ejecutivo temió en algún momento que fuera mucho más cerrado y negoció para que los cinco diputados de EH Bildu se abstuvieran.

A cambio, EH Bildu exigió que el Gobierno se comprometiera a derogar en su integridad la reforma del mercado de trabajo aprobada en 2012 por el Ejecutivo del conservador Partido Popular (PP).

El Gobierno ya había derogado anteriormente algunos de los elementos más discutidos de esa reforma, pero las formaciones más a la izquierda aspiraban a una eliminación total de ese grupo de medidas, que entre otras cosas flexibilizan el despido y favorecían a las empresas en varios aspectos de las relaciones laborales.

Responsables de los tres grupos parlamentarios implicados (PSOE, UP y EH Bildu) cerraron ayer en el Congreso la derogación íntegra de toda la reforma, y cuando se conoció más tarde estalló la tormenta.

Cerca de la medianoche el PSOE se corrigió a sí mismo y señaló en un comunicado que no se eliminaría la reforma laboral en su integridad.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, máxima representante de la ortodoxia económica en el Ejecutivo, afirmó hoy que sería "absurdo y contraproducente" abrir en estos momentos un debate sobre la reforma laboral y garantizó que cualquier cambio eventual se hará de forma dialogada con sindicatos y empresarios.

En cambio, el líder de UP y también vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró que la derogación será total, pues así consta en el acuerdo.

La misma opinión mostró la número dos de UP y ministra de Igualdad, Irene Montero: "Lo firmado está firmado", aseguró en unas declaraciones televisivas.

Con el presidente Sánchez guardando silencio, el "número dos" del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, insistió en la posición de su partido de que prevalece la aclaración de medianoche pasada para la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, y no el texto firmado con EH Bildu en el que se acuerda la derogación íntegra de la reforma.

La organización que engloba a la gran mayoría de las empresas españolas (CEOE y Cepyme) pusieron el grito en el cielo al conocer el acuerdo (luego retractado por el PSOE) y lo rechazaron "con total rotundidad".

Para los empresarios, derogar la reforma laboral sería una "irresponsabilidad mayúscula" que "tendrá unas consecuencias negativas incalculables" en la economía española y en la confianza empresarial, lo que "impactará de forma profundamente negativa en el empleo".

Por otra parte, Pablo Casado el líder del PP (la principal formación opositora), auguró que si se termina con el modelo laboral creado por su partido habrá "colas del hambre", además de acusar duramente a Sánchez de negociar "con los proetarras", en referencia a los vínculos de EH Bildu con ETA, que se disolvió en mayo de 2018 tras un alto el fuego permanente declarado en enero de 2011.

Mientras los dos componentes de la coalición arreglan sus diferentes interpretaciones, la cuestión que muchos analistas plantean es para qué el Gobierno se metió en semejante laberinto si, tal como se vio después, la abstención de EH Bildu no era necesaria.

Fuente y foto: EFE