Caso Cristino: sigue la polémica por la actuación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

Esa comunicación también ocasionó molestia en el oficialismo.

El ex senador Juan Martín Posadas, integrante del Directorio del Partido Nacional, dijo a Radio Monte Carlo que se trata de "una desubicación total".

Según Posadas, este instituto “ha entrado en una especie de campeonato de desubicación y lleva varios premios granados”.



En un comunicado difundido el miércoles 8, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo manifestó que "cumplió con sus cometidos de protección y defensa de los derechos humanos definidos en el marco de la Ley de Salud Mental".

Además, Juan Faroppa, director de la institución, se mostró muy sorprendido por la repercusión que ha tenido el caso.

Faroppa dijo que hay un desconocimiento muy grande de cuáles son las competencias legales de la Institución.



La semana pasada Cristino estuvo internado en el hospital psiquiátrico Vilardebó tras haber generado destrozos en un hotel de Punta Carretas, amenazado a un recepcionista, a los policías que lo detuvieron y al subcomisario de la comsaría actuante.

A raíz de esos hechos fue imputado por la Justicia.

El fiscal Pérez también investiga a Cristino por entregar dos cheques diferidos sin fondos en 2018.

Además, el 18 de junio se viralizó el audio de una llamada telefónica entre Cristino y la vicepresidente de la República, Beatriz Argimón, en que el relacionista público afirmó que recibió amenazas de muerte.

También le reclamó US$ 5.000 a la Intendencia de Maldonado por una fiesta que organizó en ese departamento.

Luego, en declaraciones posteriores a la prensa y en sus redes sociales, Cristino aseguró que el hijo de Argimón le debe dinero.

El contenido de la conversación entre Cristino y Argimón tuvo derivaciones políticas y judiciales, debido a que, en la charla, la vicepresidente dijo que las conversaciones telefónicas eran escuchadas.

Luego Argimón aclaró en un comunicado que no se refería "a un sistema institucional y mucho menos por fuera de cualquier sistema legal cosa impensable en una democracia como la nuestra".

"A lo que sí me refiero, es a las múltiples llamadas y mensajes grabados que al finalizar cada una de mis jornadas laborales escucho sola o con integrantes de mi equipo", explicó la vicepresidente.

El Frente Amplio consideró insuficientes las explicaciones y resolvió elevar los antecedentes del caso para que sea investigado por la Fiscalía.

Foto: Instagram de Fernando Cristino