En los últimos días, la inmensa mayoría de las regiones, 17 de las 20 italianas, han aprobado ordenanzas para continuar con la educación a distancia en lo que respecta al bachillerato y autorizado el regreso presencial para distintas fechas entre el 18 de enero y el 1 de febrero.
Así, solo tres respetarán las indicaciones del Gobierno y están listas para recibir a los estudiantes de bachillerato a partir del próximo lunes 11.
Serán el Valle de Aosta, Toscana y Abruzzo, las dos últimas con un índice de propagación de la infección por debajo de 1, y la primera, aunque con tasa Rt de 1,07 lleva tres días consecutivos sin víctimas de COVID-19.
La región de Basilicata es la última que ha decidido suspender las lecciones presenciales al menos hasta el 1 de febrero, como lo habían hecho anteriormente Friuli Venezia Giulia, Marche, Cerdeña, Véneto, Calabria y Sicilia.
Comenzarán el 18 de enero Lacio, Liguria, Molise, Piamonte y Puglia, y una semana después, el 25 de enero, los estudiantes de Campania, Emilia-Romagna, Lombardía y Umbría.
Aunque todo ello dependerá de los datos epidemiológicos y de las nuevas medidas que el Gobierno central está estudiando para endurecer las restricciones debido al crecimiento de los casos.
A la espera de que los más mayores puedan regresar a las aulas, la mayoría de los escolares de infantil y primaria han retomado ya las clases de manera presencial el viernes, pero varias regiones también lo aplazarán una semana.
Foto: EFE.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a criticar este miércoles las condiciones de Pfizer para la venta de su vacuna contra la covid-19, un día después de que las autoridades sanitarias del país aprobaran el registro definitivo de la fórmula del laboratorio estadounidense.
Facebook reconoció este miércoles que "erró a favor del cumplimiento en exceso" cuando decidió prohibir que se compartieran noticias en su red social en Australia en protesta por una ley que la hubiera obligado a pagar por el contenido noticioso.
La Justicia argentina sentenció este miércoles a 12 años de cárcel al empresario Lázaro Báez por encabezar una trama de lavado de dinero obtenido por los contratos de obra pública adjudicados durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), una causa conocida como "ruta del dinero K".
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