
Según lo resuelto por el gobierno, será el director técnico de cada residencial junto al médico del paciente quien decida en qué caso no es recomendable suministrar las dosis.
En ese sentido se solicitó a los residenciales que envíen un listado con los datos de los residentes que se vacunarán. Deberán completar una planilla en que se incluya la firma del residente, familiar o tutor que dará su consentimiento para ser inoculado.
Sabino Montenegro, presidente de la Asociación Integra Residenciales, que nuclea a más de 80 establecimientos, dijo que si bien aún no se sabe el porcentaje de quienes se negarán a recibir la vacuna, "en principio serían pocos".
En Uruguay hay 250 residenciales habilitados por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social.
Entre 300 y 400 están en proceso de habilitación y se estima que cerca de 600 locales no tienen habilitación ni condiciones para operar.
Montenegro dijo que el tema está siendo analizado por las autoridades de la salud.
El Gobierno pretende vacunar contra el coronavirus a todo el personal de la salud en los tres primeros días tras la llegada de las dosis.
En los tres días siguientes se espera inmunizar a todas las personas de riesgo de los residenciales de adultos mayores, indicó ayer el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Sergio Rico.
En principio se prevé que Uruguay reciba a fines de febrero o principios de marzo las primeras 400 mil dosis: 200 mil de Sinovac y 200 mil de Pfizer/BioNTech.
Para esas fechas también se espera la llegada de algunas de las vacunas compradas a través del mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La aspiración del gobierno es tener vacunas para un total 2.800.000 personas.
Foto: EFE.




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