
La propuesta establece también que los organizadores de fiestas que “no hayan sido autorizadas por la autoridad sanitaria, ni cumplan con la regulación y los protocolos sanitarios establecidos producto de la emergencia sanitaria de la COVID-19, serán castigados con pena de tres a 10 meses de prisión”, consigna El País.
La iniciativa fue impulsada por la Cámara de Eventos del Uruguay (CEU).
En tanto, Schipani manifestó al matutino que “las fiestas clandestinas son un problema para la salud pública en el marco de la pandemia, y la Policía y la Justicia no tienen las herramientas adecuadas para actuar”.
Agregó que “la posibilidad de decomisar todos los bienes de una fiesta clandestina va a hacer pensar a quien quiera organizar un evento de este tipo”.
Foto: AFP, archivo




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