Añadió que "el directorio de UTE tenía la obligación de realizar esta puesta en conocimiento de la Justicia de hechos con apariencia delictiva porque sino, incurriría en omisión".
Consultado acerca de la discusión sobre cuánto fue la pérdida real generada por el emprendimiento, Barrera se limitó a señalar que lo relevante es que existió un perjuicio económico para el Estado.
Según constató un informe de la consultora PriceWaterHouseCoopers, las pérdidas en la construcción de la planta regasificadora durante el gobierno de José Mujica ascendió a 213 millones de dólares.
"El proyecto no era viable desde su inicio, luego hubo cuatro instancias claves del proyecto, donde se podría haber detenido", dijo por su parte la presidenta de UTE, Silvia Emaldi.
Foto y datos. EFE
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