
Los ministros habían tomado esa medida ante la fata de recursos para mantener en funcionamiento las sedes.
En tanto, había dispuesto el traslado en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.
El funcionamiento en edificios independientes tiene un costo aproximado de $ 13 millones al año, y eso no fue contemplado ni en el Presupuesto ni en el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, consignó El País en base a fuentes de la Suprema Corte.
En el último tiempo se cerraron más de siete juzgados de distintas localidades.
Asimismo, en las últimas horas se conoció a través que es "de interés del Poder Judicial abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales".
Foto: Presidencia, archivo




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