Fiscal Gómez indicó que la renuncia de Díaz lo tomó por sorpresa, pero no supondrá que se dejen de cumplir metas

En tal sentido, manifestó a radio Monte Carlo que está prevista, porque la ley lo establece, la creación de una nueva Fiscalía en Toledo, departamento de Canelones.

Agregó que mañana se iniciará un concurso de oposición y méritos para la designación de fiscales en el interior del país al igual que la semana próxima se abrirá un llamado para el ingreso a la Fiscalía de Abogados.



Gómez subrayó que si bien "era sabido" que el periodo de Jorge Díaz al frente de la Fiscalía culminaba el año que viene, la renuncia lo tomó por sorpresa, dado que “fue de un día para el otro”, indicó.



Gómez, indicó que estará en el cargo hasta el momento que sea necesario; "de ningún modo abandonaría la obligación que hoy tengo hasta que el sistema político uruguayo así lo determine·, dijo.

Las normas constitucionales fijan en los 70 años el límite de actividad de un fiscal o un juez y Gómez tiene 66. El periodo de un Fiscal General de la Nación es por 10 años, por lo que estaría al frente por un tiempo reducido.

Consultado si el sistema político optara porque el continúe al frente del organismo igual hasta los 70 años, dijo que sí, pero añadió que es hacer futurología.

De todos modos, consideró que el sistema político logrará los puntos de acuerdo para designar al próximo Fiscal General de la Nación.

"Ojala hubiera acuerdos en el sistema porque la Fiscalía General de la Nación es absolutamente importante en la vida de la sociedad uruguaya", sostuvo.



Por otra parte, Gómez defendió el Código del Proceso Penal implementado en 2017 y consideró que con este sistema Uruguay está en una posición “muy envidiable si uno mira a nivel internacional”.

El fiscal de Corte sostuvo que pese a los encuentros y las críticas -en algunos casos no bien ponderadas- en nuevo código ha contribuido a la justicia uruguaya.

En ese sentido dijo que, hasta el 1º de noviembre de 2017, de las 14 mil personas que estaban privadas de libertad en las diferentes cárceles, el 70% estaba en prisión sin una sentencia de condena ejecutoria. Hoy en día, de esas 14 mil personas, el 85% tiene una condena y el 15% está con una medida cautelar.

Para Gómez “esto pone al país en una consideración de respeto a los Derechos Humanos, a la Constitución de la República y a la Ley, en una posición muy envidiable si uno mira a nivel internacional”.



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