Agrega que “apareja una afectación de la cadena productiva forestal con impacto en la economía nacional”.
Además señala que “el texto aprobado por el Parlamento vulnera los derechos de propiedad, libertad y de trabajo establecidos en los artículos 32, 36, 50 inciso 1° y 53 de la Constitución de la República, limitándolos sin que surjan las razones de interés general, constitucionalmente exigidas”.
“En efecto, con la aprobación del Proyecto de Ley que se observa, los productores no podrían elegir el destino productivo de sus tierras en el marco de las regulaciones vigentes ya que el contenido normativo del Proyecto de referencia determinaría limitaciones a los derechos y libertades indicados”.
“Del trámite parlamentario no surgen las razones de interés general que se pretenden proteger”, agrega.
Además, señala que con el decreto dado a conocer el pasado martes, se “revela que el Estado dispone de otros medios menos restrictivos para regular la actividad forestal sin perturbarla ni interferir arbitrariamente en dicha actividad económica y en las libertades implicadas”.
Foto: Presidencia de la República
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