La controversia tiene su origen en las medidas adoptadas por el Estado con las compañías del Grupo Katoen Natie, controladora de Terminal Cuenca de Plata S.A., concesionaria de la Terminal Especializada del Puerto de Montevideo.
Las medidas son cuestionadas por los inversores, porque atentan contra la libre competencia de los operadores del Puerto de Montevideo, restringen el alcance de las habilitaciones portuarias de su filial Montecon, establece un monopolio de hecho en favor de Terminal Cuenca de Plata y una serie de privilegios en favor de esta compañía en la que el Estado tiene una participación del 20%.
A través de estas medidas el Estado interviene el mercado de servicios portuarios para favorecer a Terminal Cuenca de Plata, disponer el desvío imperativo de servicios de línea a dicha terminal y establece otra serie de privilegios que en la práctica generan un monopolio de hecho en su favor, señala el documento.
Agregá que las medidas causan graves perjuicios a Montecon y sus accionistas por cientos de millones de dólares, más allá de que perjudican seriamente a los usuarios del Puerto y al comercio exterior.
Ante la ausencia de un diálogo tendiente a resolver las situaciones que afectan a Montecon, los inversores han dado inicio al mecanismo de solución de conflictos, que considera un arbitraje internacional para resolver la controversia.
Las empresas accionistas no piden privilegios ni tratos especiales, sólo piden que se restablezca el régimen de libre competencia vigente hasta antes de la adopción de las medidas, culmina el comunicado.
Foto: EFE
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