Los profesionales expresan su “preocupación” ante acciones “adoptadas por distintas organizaciones, grupos de presión u operadores que habrían sido admitidas por la Fiscalía General” y “podrían constituir una indebida afectación de la independencia técnica” de los fiscales.
En la misiva agregaron que “no es buena señal de respeto a esa independencia que la Fiscalía General disponga investigaciones sobre esos casos cuando no se están denunciando irregularidades concretas en los actos del fiscal”.
Esto último, en referencia al pedido de informes que anunció Gómez sobre las 300 denuncias archivadas por el fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias.
De acuerdo a la Asociación de Penalistas, “los cuestionamientos a la labor del fiscal corresponde que sean formulados por las vías legales por los interesados en cada una de las investigaciones”, es decir los denunciantes o las víctimas, y no “por una entidad gremial que represente determinada ideología”.
Además, explicaron que se están archivando denuncias en diferentes fiscalías del país y no conocen “que se hubiesen dispuesto investigaciones al respecto”.
Advierten así mismo que, en este caso, “se ha generado una campaña de desprestigio por determinados sectores que defienden una ideología contra un fiscal que públicamente solo ha manifestado su voluntad de interpretar el derecho de acuerdo a los principios constitucionales”.
Foto: RMC
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