
En la polémica sobre obras en la rambla de Punta Colorada, la Intendencia Departamental de Maldonado, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, procuraron anular los reclamos ciudadanos apelando a argumentos que, contradicen acuerdos firmados por nuestro país, dice Movus en un comunicado
Añade que esa postura “se agrava más con la demanda penal de la Intendencia de Maldonado por falso testimonio a los reconocidos profesores Omar Defeo y Daniel Panario, docentes de la Udelar”.
Agregan que “más allá de la improcedente denuncia penal, la actuación en el expediente del Ministerio de Ambiente es claramente en sentido contrario a la promoción del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana que el Estado debe propiciar y lejos de facilitar y promoverlas, como reza el acuerdo, las entorpecen e intentan limitar”.
Sostienen que “este proceder de organismos gubernamentales orientados a silenciar, impedir o penalizar reclamos por derechos sociales y ambientales configura un peligroso precedente”
Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS




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