
En ese sentido, el máximo órgano de justicia llamó a los actores involucrados para que asuman "las consecuencias de su actuación en el proceso", optando por el camino del diálogo y la colaboración interinstitucional.
Debido al error aritmético contenido en el art. 365 de la ley nº 20.075 y originado en el costeo erróneo propuesto por la gremial de los defensores públicos (ADEPU), no es posible realizar las contrataciones de los cargos previstos.
Se confía que en la próxima Rendición de Cuentas se prevean dichos fondos a partir de la fórmula impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas, dice la SCJ en un comunicado difundido este lunes.
Agrega que ADEPU recibió "información completa y oportuna sobre las gestiones realizadas por intermedio de las más altas jerarquías de la institución".
Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS




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