
Consideran que la situación es insostenible, porque un 90% de las personas comparece ante fiscalía y ante la Justicia, con un defensor aportado por el Estado.
La Defensora Pública de Familia y Familia Especializada de Artigas, Jennifer Tavarez, entiende que la sobrecarga pone en riesgo el derecho de defensa de miles de ciudadanos.
Foto: Archivo RMC




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