
El colectivo reclama que se analicen otras opciones de abastecimiento para el área metropolitana antes de avanzar con una obra que consideran de alto impacto y riesgo.
Denuncian que no se cuenta con una evaluación integral del proyecto ni con definiciones técnicas concluidas sobre aspectos ambientales, hídricos y de seguridad estructural.
Sostienen que el tema debe ser tratado a nivel nacional, con participación de todos los partidos y niveles de gobierno, por su relevancia estratégica para la seguridad hídrica, la protección ambiental y la sostenibilidad de la producción.
Alvaro Rivadavia, uno de los voceros del grupo, dijo en entrevista con radio Monte Carlo que las expropiaciones afectan no solo negocios, sino hogares.
Realizarlas sin un informe ambiental favorable genera frustración y un riesgo innecesario en caso de que el proyecto no sea aprobado.
El proyecto está clasificado como Categoría C, lo que implica obras capaces de generar impactos ambientales negativos significativos e irreversibles, alerta Rivadavia.
Indican además que desde el último Estudio de Impacto Ambiental cambiaron de forma importante las condiciones de la zona, especialmente tras la sequía 2022-2023 y la expansión de la forestación, que pasó de una presencia casi nula a unas 10.000 has, con incidencia directa en la disponibilidad de agua y en la vulnerabilidad del sistema ante sequías o posibles episodios de contaminación al ejecutarse sobre la misma cuenca. Señalan además que el Observatorio Geofísico del Uruguay registró, con posterioridad a 2020, movimientos sísmicos en los departamentos de Florida y Lavalleja de hasta 4,9 y 3,9 en la escala Richter, situación que, según distintas fuentes técnicas consultadas, obligaría a revisar y adecuar el sistema constructivo previsto para una obra de estas características.
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS




Titulares por email