Hay alerta en el sector agropecuario por los cambios en la estructura de INIA, incluidos en la ley de competitividad

En entrevista, con radio Monte Carlo el dirigente del sector granjero Erik Rolando expresó la profunda preocupación que existe por la redacción actual del texto normativo, al sostener que pone en riesgo la independencia operativa y financiera del INIA.

Según explicó Rolando, la norma aprobada en Senadores deja al instituto totalmente subordinado al Poder Ejecutivo de turno, afectando tanto la autonomía en las líneas de investigación como la administración de sus propios fondos.

Rolando destacó que, la intención de las partes no es bloquear la ley —cuyo espíritu general para la creación de empresas consideran positivo—, sino introducir las salvaguardias necesarias para dar certeza jurídica e institucional al INIA y a sus trabajadores.

Sin embargo, ante la consulta sobre qué sucedería si el texto no es modificado en Diputados y se aprueba definitivamente tal como está, Rolando adelantó que solicitarían el veto del Presidente de la República.

Argumentos a favor

Desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Ganadería y la dirección del instituto se defiende la reforma argumentando que actualiza un marco legal vigente desde 1989. Entre sus principales beneficios señalan:

Modernización y flexibilidad: Brinda respaldo jurídico para articular con startups y el sector privado mediante nuevos instrumentos de transferencia tecnológica.

Llegada al territorio: Acelera el paso de los desarrollos científicos desde los laboratorios hacia el campo y el mercado.

Transparencia:Otorga certeza normativa sobre la alineación del instituto con las políticas públicas sin alterar su vínculo histórico con el gobierno.

Objeciones y alertas: autonomía y patrimonio público

En contraposición, el sindicato de trabajadores (APUINIA), junto a analistas y referentes del sector, expresaron cautela ante el alcance de las modificaciones:

Autonomía técnica: Temen que una mayor subordinación política condicione la independencia en la fijación de las líneas de investigación.

Propiedad intelectual: Cuestionan si la participación en sociedades comerciales con privados podría derivar en la privatización del conocimiento financiado con recursos públicos y aportes de los productores.

Conflictos de interés: Piden salvaguardas éticas estrictas para evitar tensiones entre la misión pública de la investigación y la rentabilidad comercial.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS