
El legislador cuestionó con dureza la decisión del gobierno uruguayo de rechazar en la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) como herramienta para combatir el crimen organizado, y adelantó que impulsará la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, al Parlamento para que brinde explicaciones.
En radio Monte Carlo atribuyó la postura adoptada por Uruguay —que junto a Brasil fue la excepción frente a 18 países de la región que respaldaron el mecanismo— a "razones de carácter ideológico y afinidades políticas" del Ejecutivo. Según Abdala, el gobierno actuó "prácticamente por reflejo" alineándose con Brasil, lo que a su juicio genera un aislamiento internacional en un tema crítico.
"La señal que le damos al resto de la región, al resto del continente y al resto del mundo es que no estamos dispuestos a cooperar, es que no estamos dispuestos a colaborar recíprocamente", afirmó el diputado, quien sostuvo que Uruguay no puede darse el lujo de "amputarse" instancias de intercambio de información y herramientas en un contexto donde, según advirtió, el país está "desbordado por la violencia narco" y se encamina a cerrar 2026 con cifras récord de homicidios.
Abdala planteó dudas sobre quién definió la posición uruguaya en el organismo hemisférico y si existió coordinación entre Cancillería y la cartera de seguridad. "Queremos saber quién tomó esta decisión en el gobierno, qué criterio fue el que imperó, el del presidente de la República, el del canciller, qué participación tuvo el ministro del Interior, porque esto hace a la competencia directa del Ministerio del Interior que tiene que luchar contra el narcotráfico", señaló, agregando que buscará el ámbito parlamentario adecuado para citar a Negro.
Asimismo, el dirigente blanco rechazó los argumentos oficiales que advierten sobre los riesgos de asimilar la delincuencia común con el terrorismo o comprometer la soberanía nacional. Abdala defendió la vigencia del concepto de "narcoterrorismo" —recordando que la propia institucionalidad uruguaya agrupa esas áreas en organismos como la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft)— y pidió dejar de lado "prejuicios ideológicos o sesentistas" respecto a la cooperación con Estados Unidos y agencias como la DEA, cuyo apoyo técnico y de inteligencia calificó como indispensable.
La postura oficial en la OEA
El posicionamiento del Poder Ejecutivo había sido expuesto el jueves ante el Consejo Permanente de la OEA por el embajador uruguayo Edison Lanza, quien argumentó que el TIAR fue concebido exclusivamente para la defensa colectiva ante ataques armados extrarregionales y no para abordar problemas de seguridad interna o tareas policiales sujetas a control judicial.
Desde la representación diplomática uruguaya se indicó que, si bien el gobierno no minimiza la gravedad del crimen organizado, asimilar delincuencia con terrorismo desvirtúa regímenes jurídicos distintos y habilita mecanismos excepcionales de uso de la fuerza. En su lugar, Uruguay propuso canalizar la cooperación a través de instancias ya vigentes en la OEA, el Mercosur y la Conferencia Hemisférica sobre Crimen Organizado convocada por Panamá.
Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS




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