Legisladora colorada denunciará a candidato del FA en Salto

En el marco de la conferencia de prensa convocada por las autoridades de la Intendencia, la diputada Cecilia Eguiluz dijo que en su carácter de representante nacional por Salto, que denunciará personal y públicamente al diputado Andrés Lima.

Anunció que lo hará en la Cámara de Representantes por considerar que está "generando alarma pública" haciendo correr versiones incorrectas.

Según narra en su edición de hoy el Diario Cambio de Salto, la parlamentaria colorada dijo que una de sus primeras acciones en la cámara baja será exigir a Lima que de par en par como representantes nacionales y frente a los demás diputados del país, le explique a ella y la población por qué esta diciendo mentiras y tergiversando el fin del llamado a licitación pública para interesados en un servicio de gestión de cobro, al señalar que los deudores de 6 meses serán enviados a la cartera de morosos.

Agregó que como lo dijo el intendente Germán Coutinho durante su mandato departamental, "vamos a cobrarle a los más ricos" y no se va a ejecutar a los más humildes y trabajadores. 
Seguidamente estas expresiones fueron reafirmadas por Barreiro.

En el mismo ámbito, el asesor legal de la Intendencia, Fulvio Gutiérrez amplió conceptos sobre el pliego del llamado a licitación, y al respecto se refirió a Lima como "poseedor de un desconocimiento jurídico rarísimo" considerando que es abogado, "o no leyó bien la publicación de las condiciones", señaló Gutiérrez.

Continuó diciendo que Lima acusa al gobierno departamental de violar la Constitución, la Ley y el principio de separación de Poderes. 

Agregó que desde el vamos el diputado tiene un error conceptual importante porque el principio de separación de Poderes es de injerencia nacional y no departamental.

Al margen de ello, Gutiérrez prefirió recordarle a Lima que la Ley Nº 16.736 del 5 de enero de 1996, en su Artículo 767 que expresa textualmente: "Autorícese a las intendencias municipales a contratar agentes de cobranza a los efectos de colaborar en la percepción de los tributos municipales". 

Y termina de la siguiente forma "Deróguese en lo pertinente el Numeral 1 del Artículo 37 de la Ley Nº 9.515 del 28 de octubre de 1935, en lo referente a la prohibición impuesta a los intendente municipales, para encargar a particulares la percepción de las rentas municipales".

Seguidamente Gutiérrez infirió que "evidentemente el diputado Lima no conoce esta Ley que autoriza a los gobiernos departamentales a recurrir a particulares para el cobro de sus créditos".

El asesor legal dijo luego que es un llamado a Licitación Pública, abierta y amplia y por lo tanto tiene el control del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), lo que ofrece garantías absolutas.
Además --y aquí otra vez consideró que no se leyó no se entendió el pliego de condiciones publicado--, puede ocurrir y seguramente ocurrirá, dijo Gutiérrez, que la Junta Departamental tenga que intervenir en este asunto.

Lo dijo en el entendido que existe el Artículo 35 Numeral 10º de la Ley Orgánica de los gobiernos departamentales, que señala que cuando la Intendencia hace determinado tipo de contrato que excede el período de gobierno, se requiere la anuencia de la Junta Departamental.

La convocatoria está en curso -y es facultad del intendente sin depender de la Junta Departamental--, por lógica aún no está firmado el contrato. 

Si las propuestas de los oferentes, y si el intendente -asesorado por la Comisión de Adjudicaciones, que otorga más garantías al llamado--, decide hacer el adjudicar a una empresa cuyo plazo excede la presente Administración, por supuesto que se recurrirá a la consideración de la Junta Departamental.

O sea que están dadas todas las garantías que se actúa dentro de la Constitución y de la Ley. Y reiterando el consejo a Lima a que lea el pliego de condiciones, en tal sentido el mismo señala textualmente: "se aclara que el presente llamado no implica que los tributos morosos que serán gestionados, serán transferidos, cedidos o dados en garantía de forma alguna al gestor contratado".

Entonces "está muy claro que esos recursos no desaparecerán del patrimonio de la Intendencia. Lo que se trata es de ver si alguna empresa gestora puede utilizar los mecanismos pertinente, a los efectos el cobro de todos esos créditos que hace muchos años tiene el gobierno departamental", finalizó Gutiérrez.