Llamame y te llamo
El acuerdo busca “dotar de transparencia el procedimiento, desarrollando un mecanismo que permita verificar el flujo de solicitudes, las decisiones de los magistrados con competencia en materia penal y la respuesta obtenida de las operadoras de telecomunicaciones”, según un texto del Ministerio del Interior divulgado por la Agencia EFE.
El documento establecerá la necesidad de “determinar claramente” el proceso de tramitación de los requerimientos de información e interceptación legal de comunicaciones y propondrá que “el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación únicamente tengan acceso al software del Sistema Administrativo de Interceptaciones Legales (SAIL)”.
El SAIL dará soporte administrativo a las solicitudes de interceptación, decisiones de los magistrados penales de todo el país y respuestas de las operadoras de telecomunicaciones.
Además, “cada parte se compromete a generar controles internos en el uso” del sistema, con el que los jueces penales podrán seguir el estado de ejecución de la medida que ordenaron, señala el texto.
Por otro lado, el protocolo planteará un compromiso futuro de instrumentar un convenio entre el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía y las operadoras de telecomunicaciones para que estas últimas sean las encargadas de entregar a la SCJ la información detallada de las medidas de interceptación que se han efectuado.
En relación con este asunto, en octubre de 2014 Uruguay adquirió “El Guardián”, un sistema electrónico de vigilancia de teléfonos móviles, correos y redes sociales, que compró por dos millones de dólares a una empresa brasileña para luchar contra la delincuencia y que solo se puede emplear en interceptaciones autorizadas por la Justicia.
Foto: Monte Carlo
Fuente: El Telégrafo
MDS
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