El proyecto establece que en caso de que un organismo del Estado constate la falta de la habilitación correspondiente, se proceda a bloquear los movimientos financieros de los infractores del sistema.
Asimismo, el proyecto demanda que las relaciones de trabajo que se constituyan para la prestación de los servicios deben regirse por las normas laborales y previsionales vigentes.
El proyecto recalca que “la situación actual obliga a efectuar ajustes al ordenamiento jurídico para que los avances tecnológicos no distorsionen el mercado en detrimento de los consumidores y de la competencia con quienes prestan el servicio de manera tradicional”.
En tal sentido, la eventual ley procurará además que los prestadores de servicios por vía electrónica brinden a los usuarios acceso a sus datos para permitir la comunicación directa.
Fuente: Presidencia
Foto: Archivo
MP
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