"¿Qué están haciendo conmigo, que están queriendo, que llegue un momento que explote? ¿Qué es lo que están mirando o queriendo, que reviente mentalmente? Porque también están violando mis derechos mentales", aseveró la activista en declaraciones a Radio 10, en las que admitió estar "asombrada" y "medio shockeada" por su situación.
"¿Para qué me pusieron una tobillera? ¿Para qué tantas cámaras? Es algo irrisorio", valoró antes de insistir en que aunque puede hablar por teléfono y todo "es un poco más pasable" que en prisión, no tiene intimidad.
El jueves, la líder del movimiento Túpac Amaru fue enviada a un domicilio por decisión de la Justicia de la norteña provincia de Jujuy, donde permanecía detenida desde enero de 2016, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubiese solicitado al Estado argentino "medidas alternativas" a su detención, como arresto domiciliario o la fiscalización electrónica.
Aunque el juez de Control en lo Penal número 3 de Jujuy, Gastón Mercau, ya se lo había otorgado el 16 de agosto, todavía no se había hecho efectivo porque la casa a la que iba a ser destinada no cumplía condiciones de habitabilidad y faltaba que se pronunciara Pullen Llermanos, a cargo de otra de las causas por las que permanecía detenida.
Sin embargo, este magistrado aseguró que no le había otorgado la prisión domiciliaria, sino que sólo había cambiado su "lugar de detención" porque Sala se encontraba en situación de riesgo y, por ende, decidió resguardar su "integridad física".
En ese sentido, impuso medidas como la instalación de cámaras de seguridad, alambre de púa y una custodia conformada por 15 efectivos de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, lo que la defensa ya ha denunciado ante el juez y la propia CIDH.
"Lo que más me asombró o me puso quisquillosa es la cantidad de cámaras que hay alrededor de mi casa. En total, tengo 11 cámaras y además (...), dos fuerzas de seguridad están supuestamente cuidándome para que no me fugue", criticó Sala.
Asimismo, consideró que las condiciones en las que se encuentra detenida son una "violación de sus derechos" porque "ni los genocidas tienen tanta seguridad" como ella.
La diputada del Parlamento del Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria fue detenida en enero de 2016 por instigación, tumulto y sedición durante una protesta organizada por la Túpac Amaru.
Trece días después, un juez provincial ordenó su excarcelación, pero, en contra de esa decisión, permaneció detenida preventivamente por una causa abierta el día anterior en la que se le imputaron delitos de defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita. EFE
Foto: Captura TN
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