Denuncian intento de "privatizar" archivos sobre atentando a la AMIA

"Esto es una maniobra del Estado para reapropiarse de la documentación secreta. Estamos convencidos de que allí figura toda la información que involucra al Estado en el encubrimiento del atentado y, por tanto, puede ser manipulado en cualquier sentido", dijo a Efe la titular de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), Laura Ginsberg.

Esta asociación, que reúne a familiares de víctimas del atentado en el que murieron 85 personas, brindaron hoy una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, con la asistencia de parlamentarios y miembros de organizaciones de derechos humanos.

Allí denunciaron que el Gobierno de Mauricio Macri busca "privatizar" archivos desclasificados relativos al atentado, contratando a una empresa estadounidense para que digitalice y procese los documentos.

Según Apemia, esta "entrega" de información sensible contravendría las leyes argentinas y, además, según denunciaron hoy, se consumaría a través de una licitación diseñada a la medida de la empresa.

La compañía en cuestión, según Apemia, sería Palantir, con sede en Palo Alto, en los Estados Unidos, operaciones en ese país y en Israel y "dependiente" de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos.

"El Gobierno argentino está trabajando en entregar la información referida al atentado a la AMIA a una empresa de origen norteamericano que depende de la NSA y se llama Palantir. Esa empresa es del Estado del Mossad (servicio secreto israelí)", afirmó en la rueda de prensa Pablo Gitter, integrante de Apemia.

Los denunciantes explicaron que la puerta para la eventual licitación quedó abierta mediante un decreto firmado en abril pasado por el Gobierno de Macri por el cual se dispuso la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia, de una Unidad Especial de Investigación del atentado.

En virtud de ese decreto, según Apemia, el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) que funcionaba dentro de la Unidad Fiscal de Investigación de la causa AMIA, dependiente de la Procuración General de la Nación, quedó sin acceso a los archivos desclasificados, de los cuales ya había digitalizado cerca de un 10 %.

Apemia pidió entonces a la Justicia que se declare la inconstitucionalidad del decreto, pero el juez del caso AMIA, Rodolfo Canicoba Corral rechazó ese pedido.

El fallo fue recurrido ante la Cámara Nacional de Apelaciones, ésta vez con el respaldo de la Unidad Fiscal AMIA y de otras agrupaciones de familiares de víctimas del atentado.

El tribunal de alzada ha citado para el próximo martes a una audiencia pública a las partes para abordar el reclamo de inconstitucionalidad del decreto.

"Estamos en presencia de una violación total de la legislación y de una entrega de documentación nacional que hasta hoy es secreta, en nombre de la seguridad nacional", aseveró Gitter.

Ginsberg sostuvo que, detrás de este decreto, "hay un objeto comercial que no es menor".

Apemia, además de reclamar la derogación del decreto, rechaza un proyecto de ley del oficialismo para juzgar en ausencia a los iraníes acusados por la voladura de la AMIA.

Ginsberg apuntó que "la semana que viene va a llegar a Argentina el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu".

En el marco de esta visita, comentó, el Gobierno "va a resolver si va a privilegiar la exigencia que los familiares de las víctimas venimos haciendo desde hace tanto tiempo para que se abran los archivos y se entreguen a una comisión independiente o va a ceder a las presiones internacionales".

Estas "presiones" externas, añadió, "son para cerrar el caso AMIA e ir al juicio en ausencia y, por supuesto, el cierre definitivo a cualquier posibilidad de llegar a la verdad" sobre el atentado.

EFE