El Gobierno de la región de Cataluña prevé disponer de 2.315 colegios electorales y de 7.235 personas para intentar que el domingo unos 5,34 millones de ciudadanos puedan votar en el referéndum independentista, prohibido por el Tribunal Constitucional (TC).
En estos días las fuerzas de seguridad se han incautado de millones de papeletas para el voto y de cartas para que los ciudadanos integren las mesas de votación.
Eso es lo que el consejero de Presidencia catalán, Jordi Turull, denominó actuación "desproporcionada" del Gobierno español para impedir el referéndum, "atacando derechos fundamentales". Según Turull, "el domingo se votará" entre las 9 y las 20 horas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a las Policías locales y guardias urbanas custodiar las urnas propiedad del Estado que tienen en sus depósitos los ayuntamientos para los procesos electorales.
En un auto, la juez del TSJC que investiga la querella contra el Gobierno catalán por convocar el referéndum, Mercedes Armas, acepta la petición de la Fiscalía para que se mantenga vigente la orden que el ministerio público dictó el pasado miércoles a las policías locales de Cataluña para que impidieran que las urnas del Estado fueran usadas para el 1 de octubre.
La respuesta de los líderes secesionistas fue presentar un modelo de urna diferente al que se ha usado en otros procesos electorales - de metacrilato - y que consiste en un recipiente de plástico blanco con el emblema de la región y cerrado con unas bridas.
Jordi Turull dijo que habrá un conjunto de académicos y profesionales que actuarán como una junta electoral para certificar los resultados de la consulta y cuyos nombres se conocerán el domingo.
Todas las iniciativas adoptadas por el Gobierno y el Parlamento de la región de Cataluña en relación con la consulta del 1 de octubre han sido recurridas por el Gabinete de Mariano Rajoy y anuladas por los tribunales por no adecuarse al marco constitucional español.
El Gobierno y los partidos españoles seguirán toda la jornada del 1-O con la máxima atención. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo hará desde el Palacio de la Moncloa, y con sus colaboradores, atento a cualquier incidencia que pueda producirse en esta jornada calificada de “histórica”. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, también estará pendiente de los acontecimientos desde la sede socialista en la madrileña calle Ferraz.
Rajoy mantendrá una comunicación fluida con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que permanecerá todo el fin de semana en su Ministerio en permanente contacto con los responsables del dispositivo, según han informado fuentes de este Departamento.
La Generalitat ya ha establecido los servicios mínimos que afectan a todos sus ámbitos –desde atención en cualquier ventanilla a centros docentes- ante las diferentes propuestas de huelga general presentadas por los sindicatos minoritarios CGT, COS, Intersindical-CSC e IAC para protestar “contra la represión”. El Govern ha establecido servicios ante un eventual paro de más de una semana, que iría del 2 al 13 de octubre.
La Generalitat ha optado finalmente por unos servicios mínimos poco generosos, aunque la huelga general podría tener una leve incidencia en el conjunto del territorio si se tiene en cuenta que no está apoyada por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.
Foto: EFE
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