“A pesar de ello, se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante, incluso en el año 2015 cuando se cobró una garantía de 100 millones de dólares por la rescisión por incumplimiento del contrato principal”, dijo Emaldi en conferencia de prensa.
La jerarca recordó que Gas Sayago es una sociedad anónima estatal, con capital 100% público, perteneciente a UTE y a Ancap. “Su responsabilidad era la de administrar los dineros públicos de sus accionistas”, sentenció.
Foto ilustrativa: IMM - Artigas Pessio, archivo
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