
El director de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, dijo al diario El País que "si la LUC se derogara, al menos 500 delincuentes se beneficiarían" y estimó que "ese número obviamente se irá incrementando con el paso del tiempo”.
El jerarca sostuvo que “el gobierno tiene derecho a aplicar su política de seguridad, la cual está plasmada en gran parte en la LUC”.
De los 135 artículos de esa norma que pretenden derogar el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, los que están referidos a la seguridad son el 25% (33 artículos).
La Corte Electoral culminó la semana pasada la numeración de las papeletas presentadas para convocar a la consulta popular.
El organismo dispone de 150 días hábiles -desde el 8 de julio- para terminar la numeración y verificación, y así pronunciarse sobre si se alcanzaron las adhesiones.
El total de firmas necesario para habilitar el referéndum es el 25% del padrón electoral, unas 672.000 personas.
La Comisión Pro Referéndum entregó 797.261 rúbricas.
Foto: Presidencia de la República, archivo.




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