
En la determinación se señala que la decisión anterior, ahora suspendida se fundaba en “el déficit presupuestal generado al Poder Judicial desde el año 2005, que dificulta hacer frente a los gastos de funcionamiento de las sedes judiciales de todo el país tales como alquileres, limpieza, suministros, entre otros.
Habían considerado la baja carga de trabajo jurisdiccional que poseen las sedes, así como el traspaso de sus funciones de Registro de Estado Civil al Ministerio de Educación y Cultura a partir del 1º de enero de 2022.
El costo de funcionamiento se cifró en más de 12 millones de pesos anuales, excluidos los gastos asociados a remuneraciones.
Entendía la Suprema Corte la necesidad de aplicar los escasos recursos con los que cuenta en sedes con mayor demanda de servicios de justicia como lo son, por ejemplo, los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género.
Foto: Presidencia, archivo




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